Con la revisión del T-MEC prevista para julio de 2026, los tres países miembros del acuerdo —México, Estados Unidos y Canadá— se preparan para una evaluación que podría redefinir los términos del pacto comercial más importante de América del Norte. Sin embargo, el retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense, con su agenda proteccionista, podría inclinar las negociaciones hacia un endurecimiento de condiciones, particularmente para México. En este contexto, se delinean cinco desafíos clave que el país deberá afrontar para salvaguardar su posición como socio estratégico en la región.
Uno de los puntos más críticos de la revisión será la posible modificación de los requisitos de contenido regional. Estados Unidos buscará elevar los umbrales de integración regional —por ejemplo, aumentar el valor de contenido regional del 75% al 85% en sectores clave como el automotriz— para asegurar que el valor agregado se mantenga dentro del bloque comercial. Este ajuste implicaría altos costos de adaptación para México, cuyo aparato exportador aún depende en gran medida de insumos provenientes de Asia.
“En el corto plazo, esto implicaría ciertos retos para el sector exportador mexicano… las empresas tendrían que reconfigurar sus cadenas de suministro, lo que podría derivar en incrementos en los costos de producción y una pérdida de competitividad”, advierte Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex.
La expansión de la inversión china en México, en especial en sectores como autopartes y electrónicos, ha sido motivo de creciente inquietud para Washington. La administración Trump considera que el país asiático utiliza a México como plataforma para esquivar los aranceles estadounidenses. Por ello, Estados Unidos podría exigir medidas de trazabilidad más estrictas, exigir “aranceles espejo” a insumos chinos e incluso condicionar el acceso preferencial al T-MEC a la adopción de estos controles.
“La triangulación comercial que realiza China ha sido una de las principales críticas por parte de EUA, quien argumenta que México ha sido permisivo al no imponer controles estrictos a las importaciones de componentes chinos que terminan reexportándose”, señala Quiroz.
El cumplimiento de estas nuevas condiciones requeriría una inversión significativa en plataformas tecnológicas de trazabilidad, así como una revisión a fondo de las políticas de comercio exterior de México.
Este mecanismo, creado para sancionar violaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva en instalaciones específicas, podría ampliarse significativamente. Actualmente, sólo aplica a sectores prioritarios como el automotriz o el acero, pero organizaciones laborales en los tres países están presionando para que se extienda a todas las industrias, incluya sanciones más severas y admita denuncias directas de trabajadores.
Desde su implementación en 2020, México ha sido el país más señalado bajo este mecanismo, con 37 casos documentados. Aunque su ampliación implicaría retos logísticos y presupuestarios, también representa una oportunidad para fortalecer la reputación de México como destino confiable de inversión bajo estándares internacionales de cumplimiento ESG.
“Un robustecimiento del MLRR mejoraría las condiciones laborales… y enviaría una señal clara de compromiso con los estándares internacionales, lo cual resulta especialmente atractivo para los inversionistas”, indica Quiroz.
La propuesta de establecer un salario mínimo regional es otro foco rojo. Impulsada por legisladores estadounidenses, esta iniciativa busca elevar los sueldos en sectores manufactureros, como el automotriz, para evitar que empresas relocalicen empleos hacia México en busca de menores costos laborales.
Actualmente, un trabajador automotriz mexicano gana en promedio $5 dólares por hora, muy por debajo del umbral de $16 dólares establecido en el T-MEC para que ciertos productos obtengan trato arancelario preferencial. De materializarse esta propuesta, México tendría que adaptar su marco salarial para evitar perder competitividad y acceso preferencial a mercados.
La reciente reforma judicial en México ha generado dudas en Washington y Ottawa respecto a la autonomía institucional y el respeto al Estado de derecho. Por ello, es probable que los socios norteamericanos insistan en reforzar las garantías de protección a la inversión extranjera en el marco del T-MEC.
“Es previsible que EUA y Canadá busquen reforzar los mecanismos del tratado para proteger a sus empresas de posibles afectaciones derivadas de cambios regulatorios”, advierte Quiroz.
Esto podría traducirse en nuevos compromisos en los capítulos de solución de controversias y trato nacional, con un seguimiento más estricto a las regulaciones internas mexicanas.
A pesar de la complejidad de los desafíos, la revisión del T-MEC también puede abrir oportunidades para México. Si el país logra capitalizar los cambios estructurales —como una mayor integración regional, condiciones laborales más sólidas y un entorno regulatorio más confiable— podría consolidarse como un destino estratégico de inversión y manufactura de alto valor en América del Norte.
El éxito dependerá, en gran medida, de la capacidad de adaptación del sector privado y del acompañamiento estratégico que el gobierno y actores financieros puedan ofrecer.
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