El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se ha convertido en la columna vertebral del comercio regional de América del Norte desde su entrada en vigor en 2020. Ahora, a casi seis años de su implementación, los tres países se preparan para evaluar su efectividad y proponer modificaciones.
La revisión prevista para julio de 2026 es el momento en el que deberán decidir si el acuerdo se extiende por 16 años más. En este camino, México y Estados Unidos han dado el primer paso al abrir consultas públicas que permitirán recoger opiniones y propuestas sobre el desempeño del tratado.
Este ejercicio, más allá de un trámite administrativo, representa la oportunidad de replantear la agenda comercial en un entorno global más complejo y competitivo. Con la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de septiembre, el gobierno mexicano abrió un periodo de 60 días para que empresas, cámaras industriales, centros de investigación y expertos compartan comentarios y recomendaciones. La idea es llegar a la mesa de revisión con propuestas que reflejen tanto los logros como las áreas de oportunidad que han surgido durante estos primeros años del T-MEC.
Por su parte, Estados Unidos ha lanzado un proceso paralelo. A través de un decreto publicado en el Registro Federal, la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) convocó a presentar observaciones escritas sobre el desempeño del acuerdo y sobre el funcionamiento del Comité de Competitividad de América del Norte. La fecha límite para participar es el 3 de noviembre, y el 17 del mismo mes se celebrará una audiencia pública, con la posibilidad de extenderse si la demanda así lo requiere.
La cláusula 34.7 del T-MEC establece que, al cumplirse seis años de su entrada en vigor, los tres socios deben sentarse a evaluar el tratado. Si hay consenso, podrán extenderlo automáticamente por 16 años adicionales. Pero si surgen desacuerdos, se abre la puerta a posibles renegociaciones.
De ahí que las consultas públicas cobren relevancia, ya que no se trata únicamente de escuchar a los grandes corporativos, también permiten que pequeñas y medianas empresas, que dependen de la integración regional, expresen sus preocupaciones. Temas como reglas de origen, disputas energéticas, mecanismos de solución de controversias o el impacto de las políticas ambientales forman parte de un debate que definirá la competitividad de América del Norte en la próxima década.
La revisión del T-MEC no implica necesariamente una renegociación completa, pero sí abre la puerta a ajustes finos que pueden redefinir la dinámica regional. Los gobiernos tendrán que evaluar no solo los avances logrados en materia de integración y competitividad, sino también las nuevas demandas globales: cadenas de suministro resilientes, digitalización del comercio, transición energética y reconfiguración geopolítica.
La clave estará en encontrar un equilibrio entre flexibilidad y certidumbre. Por un lado, se requieren reglas claras que den seguridad a los inversionistas; por otro, es fundamental que el tratado tenga la capacidad de adaptarse a un entorno cambiante. De ahí que la voz de los distintos sectores productivos sea tan valiosa en esta etapa inicial.
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